La SIP se une al reclamo de diarios de RD que piden se des criminalicé la difamación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó este jueves con el reclamo de varios diarios de República Dominicana que piden se declaren inconstitucionales normas que criminalizan los delitos de difamación contenidas en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento y en el Código Penal, que atentan contra la libertad de prensa.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, dijo que "el reiterado pedido de los editores dominicanos es coherente con la descriminalización de la difamación, una tendencia a favor de la libertad de prensa y de expresión que viene siendo fortalecida por la jurisprudencia y las opiniones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente".

Una comunicación de prensa de la SIP dice que la tendencia en materia de descriminalización es irreversible. En ese sentido, cita que en los últimos años, los delitos de difamación han sido despenalizados en Argentina, Bermudas, El Chile (en forma parcial), El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay, y existen proyectos legislativos en este sentido en varios países.

Se recuerda que los diarios que han reclamado sobre el tema en cuestión son El Día, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Hoy, El Nuevo Diario y El Caribe.

Dichos medios de comunicación escrita publicaron hoy una petición dirigida a los magistrados del Tribunal Constitucional para que eliminen, en un tiempo razonable", 11 artículos de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y cinco del Código Penal, a los que consideran no compatibles con la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El recurso de inconstitucionalidad lo presentaron el 25 de febrero de 2013.

Los periódicos sostienen que los artículos cuestionados establecen "un sistema de persecución penal de privación de libertad por delitos de palabra que deviene en injusto y que desborda el principio de razonabilidad que consagra la propia Constitución". También piden que se elimine el efecto cascada de la Ley 6132, por el que se responsabiliza al director de un medio como autor principal de una acusación por difamación o injuria.