Bogotá, 17 jul (EFE).- Con la condena hoy a más de 17 años del exministro colombiano de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien huyó a Estados Unidos, son tres los altos cargos del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que están prófugos de la justicia colombiana.
La Corte Suprema condenó hoy a Arias a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (13 millones de dólares) por entregar subsidios agrarios a familias adineradas cuando esos fondos debían haberse dirigido a campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que en ese tiempo se negociaba entre los dos gobiernos.
Arias fue encontrado culpable de peculado o apropiación indebida a favor de terceros en el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), el nombre del programa oficial de subsidios que puso en marcha el Gobierno de Uribe cuando negociaba el acuerdo comercial.
De acuerdo con el fallo, Arias "actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta".
Arias, conocido como "Uribito" por su cercanía a Uribe, quien le llegó a proponer como su sucesor, se trasladó a Miami durante el proceso, donde las autoridades presumen se encontraba cuando se dio a conocer la condena.
"(Arias) hizo unos trámites en el consulado de Miami hace unas semanas. La cónsul se lo comunicó a la Cancillería y nosotros a la Fiscalía", explicó hoy la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, desde Brasilia.
La reacción de Uribe no se hizo esperar, y a través de un comunicado del partido que él lidera, el Centro Democrático, afirmó que es una "injusta condena" y que el caso configura "una clara persecución política" de la que Arias es "víctima".
Éste es el tercer caso de un alto funcionario del Gobierno de Uribe que actualmente está prófugo de la justicia.
La primera que huyó fue María del Pilar Hurtado, quien dirigió entre 2007 y 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia liquidada por una trama de espionaje contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En 2010, cuando Hurtado fue acusada de liderar esa trama de espionaje, el entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, le dio asilo.
El Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien sucedió a Uribe, solicitó su extradición un año más tarde para que respondiera por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Ahora, el nuevo mandatario panameño, Juan Carlos Varela, mostró su disposición de extraditar a Hurtado, aunque se desconoce si continúa en el país centroamericano.
El otro caso es el de Luis Carlos Restrepo, el Alto Comisionado para la Paz entre 2002 y 2009, contra el que hay una orden de captura por los delitos de prevaricato, peculado, fraude procesal y tráfico y porte de armas.
Los delitos se remontan a 2006, cuando Restrepo ocupaba el cargo en el Gobierno de Uribe y puso en marcha una falsa desmovilización de 62 guerrilleros de las FARC para mostrar resultados de guerra.
La Fiscalía citó a declarar a Restrepo en enero de 2012, pero no se presentó a la audiencia, y entonces se determinó que se había fugado del país, presumiblemente a Estados Unidos, aunque se rumorea que en la actualidad reside en México.
El expresidente Uribe, quien el domingo asumirá su nuevo cargo de senador, ganado en las elecciones legislativas del pasado marzo, ha defendido siempre a sus tres exfuncionarios y apoya su defensa en que son víctimas de una "persecución política".
Desde el Gobierno, el viceministro de Justicia, Miguel Samper, dijo hoy que Colombia debe "garantizar" que "no sigan existiendo ni los Hurtado, ni los Arias, ni los Restrepo".
"Nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que, sea la persona que sea, se sigan casi que lustrando los zapatos con la justicia colombiana", concluyó el funcionario. EFE
Autor: Albert Traver
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